El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI) apenas horas después de que se revelara que el Premio Nobel de la Paz había sido otorgado a una de sus exjuezas, Navi Pillay. La medida, anunciada el viernes 9 de octubre, se produce en un contexto de tensión entre Estados Unidos y la CPI, que Trump ha criticado en múltiples ocasiones.

La administración de Trump justificó las sanciones afirmando que la CPI ha sido utilizada para perseguir a ciudadanos estadounidenses y ha violado la soberanía nacional. La medida incluye restricciones a la entrada de funcionarios de la CPI en Estados Unidos y la prohibición de recibir fondos públicos. La CPI, en respuesta, señaló que las sanciones reflejan una "retórica inapropiada" y una "desestimación de la justicia internacional".

Esto no es la primera vez que Trump toma medidas contra la CPI. En 2018, ya había impuesto sanciones a varios funcionarios de la institución por "actividades ilegales" y "ataques a la soberanía estadounidense". La CPI, por su parte, ha sido criticada por su enfoque en casos relacionados con Estados Unidos, lo que ha generado controversia internacional.

La decisión de Trump sigue un patrón de rechazo a instituciones internacionales que, según él, no respetan las normas estadounidenses. La CPI, fundada en 1998, tiene como objetivo juzgar delitos internacionales como el genocidio y la guerra. Su relación con Estados Unidos ha sido tensa, especialmente desde que el país se retiró de la Corte en 2017, aunque luego se reingresó en 2018.

La sanción a la CPI refleja una postura más nacionalista en la política exterior de Trump, que ha priorizado la independencia de Estados Unidos frente a organismos multilaterales. Esta decisión ha sido recibida con críticas en varios países, que consideran que la CPI representa un mecanismo importante para la justicia global.