El gobierno argentino dejó sin efecto una medida que permitía recuperar 21.800 pensiones por invalidez. La Secretaría Nacional de Discapacidad había restablecido temporalmente los beneficios en respuesta a una orden judicial. La decisión fue anunciada en un comunicado oficial que establece un plazo de 60 días para que los beneficiarios reclamen sus pensiones.
La medida había sido implementada como respuesta a una demanda judicial que exigía la restitución de las pensiones que habían sido suspendidas. Según el comunicado, el gobierno decidió no continuar con la restitución por considerar que no era viable en el contexto actual. Los beneficiarios ahora deberán presentar sus solicitudes dentro de los 60 días establecidos.
La decisión ha generado debate entre los afectados y organizaciones de defensa de los derechos de las personas con discapacidad. La medida original fue vista como un paso importante para garantizar la seguridad económica de quienes dependen de estas pensiones. El gobierno ha insistido en que la decisión se tomó con base en la situación económica del país.
