El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, fue detenido por la policía boliviana el miércoles, dos días después de que Estados Unidos lo sancionara y cancelara su visa por supuestos vínculos con el narcotráfico. La detención se produjo tras una operación contra una organización criminal que, según el gobierno boliviano, presuntamente protegía a narcotraficantes. Mariaca fue acusado de lavado de dinero y tráfico de drogas.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, expresó su respaldo a las acciones de Bolivia, calificándolas como parte del tipo de respuesta que Washington busca impulsar en América Latina. Estados Unidos había acusado a Mariaca de recibir sobornos para ayudar a delincuentes a evadir la justicia. Mariaca negó los señalamientos, afirmando que eran resultado de presión política por sus investigaciones, como el caso Cerimedo.
La detención del fiscal general representa un momento clave en las relaciones entre Bolivia y Estados Unidos, especialmente en el contexto de la lucha contra el narcotráfico en la región. Esta situación refleja tensiones entre la justicia nacional y las presiones externas, especialmente cuando se trata de casos sensibles que involucran a altos funcionarios. La operación boliviana busca reforzar el control sobre redes criminales, pero también ha generado debates sobre la independencia de la institución judicial.
